Las viviendas pertenecen al Ducado de Cornualles, propiedad a su vez del Príncipe de Gales, que se niega a ello con el argumento de que está excluido de una ley del 2002 que obliga a los terratenientes a venderles las propiedades si éstos así lo desean. Según esa ley, una persona que haya ocupado una casa en régimen de arrendamiento por un mínimo de veintiún años puede forzar al dueño de su vivienda a vendérsela.
La ley se introdujo para ayudar a muchas personas que viven en casas cuyos propietarios se limitan a cobrar el alquiler sin preocuparse del deterioro de la vivienda. La disputa de los isleños podría resultar en uno de los mayores desafíos legales a la autoridad del Ducado de Cornualles desde que lo instituyó en 1337 el rey Eduardo III para generar ingresos en beneficio del heredero del trono.
Los habitantes de St. Mary's, la mayor de las Scilly, han encargado a un bufete de abogados que estudien el estatus legal del Ducado de Cornualles.
Un diputado liberal demócrata, Andrew George, ha presentado una solicitud al amparo de la Ley sobre Libertad de Información para que el Gobierno explique por qué el Ducado está excluido de la citada ley mientras que no lo están otras propiedades de la Corona.
Las propiedades del Ducado de Cornualles -que abarcan veintitrés condados del país- se revalorizaron un 8 % el año pasado hasta un total de  800 millones de euros.
Los ingresos del Príncipe de Gales procedentes de su Ducado totalizaron en más de 20 millones de euros.